El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias Sánchez, enfrenta una acusación penal por aparente prevaricación en favor de un proyecto de extracción de oro en la zona norte del país.
A Arias Sánchez (que gobernó entre 1986-1990, y 2006-2010), conocido mundialmente por su protagonismo en la pacificación de Centroamérica en los años 80, el Ministerio Público de Costa Rica se le imputa impulsar ilegalmente en 2008 el proyecto canadiense conocido como Crucitas, que después quedó anulado, abandonado y pendiente de arbitrajes internacionales.
“En las dos oportunidades en que goberné juré respetar las leyes (…) Vamos a demostrar mi inocencia ante los jueces de la República, que son honorables. Uno como presidente tiene plena confianza en los técnicos del Gobierno y finalmente son los abogados de los departamentos legales los que redactan los decretos”, señaló el expresidente Arias horas después de que se conociera la noticia.
La noticia la confirmó a la prensa local en la tarde de este miércoles la oficina de Prensa del Ministerio Público, ahora bajo el mando de una fiscal de mano dura llamada Emilia Navas. Ella en octubre tomó en 2017 la dirección del órgano acusador el Estado en sustitución de otro abogado, Jorge Chavarría, al que se le cuestionaba su pasividad ante casos de corrupción.
Navas ordenó desde octubre reabrir el caso contra Arias, de 77 años, y ahora acusa ante los tribunales al expresidente mejor reputado del país, de acuerdo con las encuestas de opinión pública. El argumento de la Fiscalía indica que el presidente Arias firmó en octubre de 2008 un decreto que declaraba “de interés público” y “de conveniencia nacional” el proyecto minero de la firma canadiense Industrias Infinito, en el poblado Crucitas, fronterizo con Nicaragua. Sin embargo, esa concesión fue anulada por razones ambientales en 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo, con lo cual, se puso de manifiesto una aparente ilegalidad en el decreto que había firmado el mandatario. La figura de prevaricación se castiga en Costa Rica con seis años de cárcel.
La Fiscalía comunicó la acusación a la Procuraduría General de la República (PGR), como manda la ley para los casos en que la parte ofendida son los miembros de la función pública. La PGR debe decidir si querella (acusación particular) y presenta una demanda por un monto de dinero para resarcir al Estado el daño provocado, según un comunicado oficial del Ministerio Público. En dos semanas la fiscal Navas enviaría la acusación al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, del II Circuito Judicial de San José.
Este caso somete a Arias a las mismas acusaciones por las cuales fue condenado a tres años de cárcel su ministro de Ambiente, Roberto Dobles. El exmandatario, sin embargo, había sido separado de la causa penal por decisión del fiscal general anterior.
Información completa vía https://elpais.com/
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