Conozca sobre la xenofobia en Costa Rica contra los refugiados nicaragüenses

caleidoscopio 360 Noticias
Foto: EFE

Un cóctel de factores económicos y sociales comprometen la política de acogida ante los refugiados que siguen llegando cuatro meses después del estallido de la crisis en Nicaragua. Los aprietos financieros del Gobierno, su estrecho margen político, la inquietud por la seguridad, la falta de empleo y un ambiente de pesimismo popular se mezclan con el germen de la xenofobia y dan pie al rechazo desde un sector de los costarricenses contra sus vecinos del norte. La inédita manifestación del sábado en un parque de San José fue su expresión más extrema hasta ahora.

El Gobierno del progresista Carlos Alvarado, dedicado en sus primeros 100 días a negociar una reforma fiscal en un Congreso dominado por la oposición, recibe críticas por la política migratoria que ha otorgado estatus legal temporal a más de 23.000 nicaragüenses solicitantes de refugio. Políticos de otros partidos y ciudadanos críticos le recriminan la apertura de puertas a los extranjeros que se declaran perseguidos por el régimen de Daniel Ortega. Le señalan riesgos por la presión sobre el mercado laboral, la supuesta posibilidad de enfermedades importadas y el temido ingreso de delincuentes o de sandinistas dirigidos por su presidente para perseguir aquí a opositores y provocar desórdenes que desvíen la atención sobre los acontecimientos en suelo nicaragüense.

Alvarado ha debido combinar su discurso pro derechos humanos con promesas de aplicación de la ley y de controles policiales en la frontera norte para evitar los peligros que le señalan. “Entiendo la preocupación que expresan muchos costarricenses, pero no debemos partir del miedo, sino del trabajo inteligente y equilibrado”, dijo en cadena nacional. Ha pedido a la población confiar en la gestión gubernamental sobre Nicaragua e intenta responder a los cuestionamientos de partidos opositores. Asegura que tiene el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y de cooperantes como Estados Unidos y Unión Europea, pero espera más cooperación para atender la oleada migratoria. La canciller, Epsy Campbell, insistió ante los diputados este martes que no hay aún un estado de crisis, porque no se registra un aumento desbordado de servicios de salud, educación o asistencia social.

 

Información completa aquí vía El País

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *