El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dice que ningún gobierno del mundo combate la corrupción como el suyo. Su conclusión contrasta con los indicadores de Transparencia Internacional, que sitúan a Venezuela como el país más corrupto de América Latina. Mercedes de Freitas, directora de la organización en Caracas, deduce que se instaló un modelo con los “elementos de una cleptocracia”, en el país. “Hay evidencias de que la crisis económica es consecuencia de la malversación de fondos”, explica.
Maduro ha señalado que esta percepción se trata de porrazos de la oposición. “No existe, en la historia de Venezuela, un proceso y un gobierno que hayan combatido la corrupción, en su carácter estructural, con mayor rigor que la revolución bolivariana y los gobiernos de Hugo Chávez y míos. No ignoro que uno de los frentes de ataque de nuestros adversarios contra nosotros consiste en acusarnos de laxismo con respecto a la corrupción. Es absolutamente falso”, dijo en una entrevista hecha por el periodista español Ignacio Ramonet, difundida el martes
Pero la mala fama es global. De hecho, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió en septiembre de 2017 un aviso para alertar a las instituciones financieras sobre la “corrupción pública generalizada” imperante en el país sudamericano.
El Legislativo hace un cálculo del daño patrimonial generado por corrupción en 19 años de la autodenominada revolución bolivariana. “Solo en casos de corrupción conocidos puede decirse que las pérdidas ascienden a 450.000 millones de dólares (ocho veces el presupuesto destinado a Venezuela en 2012, el más alto), pero este es la punta del iceberg porque cada vez salen a relucir más escándalos. Es innegable que la corrupción es la causante de la crisis económica”, dijo Freddy Superlano, jefe de la comisión de contraloría del Parlamento.
La acusación se dirige al oficialismo. El sistema de control de cambio de divisas, impuesto desde 2003 y en vigencia, está vinculado con un esquema de fraude. En 2014, Jorge Giordani, exministro de Planificación de los gobiernos de Chávez y del propio Nicolás Maduro, denunció que, al menos, 25 millones de dólares otorgados por la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) a “empresas de maletín” o inoperativas se desviaron a cuentas bancarias privadas. La trama consistía en que compañías fachadas, sin trayectoria e inscritas en paraísos fiscales, pedían divisas al Estado venezolano a precios preferenciales para supuestas importaciones o servicios, pero tras obtener grandes montos apalancados por funcionarios gubernamentales no respondían por el dinero.
La malversación de fondos es extendida. A finales de noviembre, EL PAÍS reveló en un reportaje que una investigación interna de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) involucra a varios de sus exdirectivos en un fraude a la compañía de, al menos, 500 millones de dólares tras auto adjudicarse contratos de compra de material a sus propias sociedades, amañar las licitaciones en su propio beneficio y blanquear su botín en España.
El fiscal Tarek William Saab, designado por la chavista Constituyente, ha prometido ser “implacable” contra la corrupción, pero todavía no se pronuncia por la acusación de la Justicia estadounidense contra el empresario Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión y asociado con el oficialismo, y tampoco ha investigado denuncias contra Maduro que, según Euzenando Azevedo, exjefe de la constructora Odebrecht en Venezuela, habría recibido 35 millones de dólares para financiar la última campaña presidencial de Chávez a cambio de jugosos contratos en el país.
En contraste, Saab ha solicitado a Interpol la captura de detractores y delatores como el expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, el extesorero Alejandro Andrade y Claudia Díaz Guillén, una enfermera de Chávez acusada en España por blanquear dinero junto a su esposo Adrián Velázquez, antiguo jefe de seguridad presidencial.
La justicia, además, se ha tornado selectiva. Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de Venezuela, debió huir el año pasado por denunciar la represión en las protestas antigubernamentales y otras irregularidades cometidas por Maduro. Sus principales aliados también están en el exilio. Entre ellos, Zair Mundaray, director de Actuación Procesal de la Fiscalía (2016 y 2017), que ahora denuncia el enriquecimiento de funcionarios públicos. “Nosotros investigamos una serie de operaciones de la Tesorería con la compra de unos bonos del Reino Unido, hechas por empresarios aliados del Gobierno, y revendidos en el mercado internacional en las que Venezuela perdió mucho dinero, porque de ahí salieron muchas riquezas, incluida la de la enfermera Claudia Díaz. Pedimos una orden de detención en su contra, pero fue revocada por un tribunal en 2016”, relata.
Información completa aquí vía El País
Artículos Relacionados
Concejales de AD Bernabé en Lara apoyarán la Unidad
Edmundo González Urrutia se dirigió al país
España considera que Venezuela no tendrá elecciones libres
Plataforma Unitaria en Carabobo ratificó su respaldo a la candidatura de Edmundo González Urrutia
Ylidio Abreu: Nada detendrá a UNT, estamos resteados con la Unidad y la vía electoral
by 
