Denuncian aplicación de “terrorismo judicial” contra la presidenta de Grupo Exclusiva

Oscar Triana, integrante del Despacho de Abogados Triana, Ruiz & Asociados, responsable de la defensa de la empresaria Patricia Azócar y su esposo Henry Parada, denunció que se ha aplicado “terrorismo judicial” en el caso que se le sigue a la presidenta del Grupo Exclusiva.

“A Patricia Azócar se le ha puesto de rodillas y se pretende que solucione su situación y recobre su libertad a través de un acuerdo reparatorio entregando a la presunta víctima una cantidad exagerada de dinero; se le ha causado un gran daño en lo personal en su imagen, exponiéndola ante la gente, ante los trabajadores de la empresa, ante los clientes y relacionados como una delincuente, al punto que aun hoy siguen persiguiendo a su madre, a su hijo mayor y a los pocos trabajadores que aún creen en ella”, dijo.

Denunció que además la parte acusadora está solicitando medidas preventivas “ahora con la intención de inmovilizar sus bienes y sus cuentas y le envían mensajes en el sentido de que en sus manos tiene la solución si paga”, con unos intereses que están fuera del marco legal y que podrían ser considerados como usura.

No obstante, dijo que “todo esto, en vez de quebrarla, lo que hace es fortalecerla, sobre la base de la convicción que jamás ha estafado a nadie, ni remotamente le ha pasado el perjudicar a alguien, menos a quienes se asocian con ella”.

Reconoció que Azócar “ciertamente tiene problemas en las empresas, los trabajadores se han visto afectados y ella no lo niega ni pretende excusarse, solo que se está enfrentando no a una denuncia, no a una presunta víctima, sino a todo un sistema que ha enfilado sus baterías en contra de ella”.

El profesional del derecho sostuvo que “independientemente de lo que se diga en relación con la presentación de la acusación en contra de Henry Parada, la verdad absoluta es que en el fondo, lo que existe y ha existido entre las partes, es una relación comercial que implicó y ha implicado ganancias y pérdidas para ambas”, dijo Parada.

En este sentido, aclaró que la presunta víctima, en su denuncia de fecha 13 de mayo del 2019 reconoce la entrega de 95 mil dólares “en calidad de préstamo con la finalidad de que [le] devolvieran el dinero en septiembre de 2018, con sus respectivos intereses que dan un total de 200.000 dólares”.

Al respecto, el abogado dijo que este argumento fue el utilizado por el Ministerio Público para que el Juez de Control acordara la orden de aprehensión “y luego lo han venido modificando de una manera absurda y burda hasta llevarla a hablar de una presunta mesa de dinero, que aún hoy día no han logrado explicar a qué se refiere o en que consiste”.

Triana señaló que en el proceso “hasta ahora se han cometido irregularidades tan graves que no pasan un simple examen de respeto al debido proceso y los derechos fundamentales de cualquier ciudadano”, citando como ejemplo que la orden de aprehensión “fue solicitada sin ningún recaudo en cuanto a los hechos, lo cual se mantuvo así hasta la audiencia especial de presentación de Henry Parada”.

Precisó que 12 días después de ser privado de libertad Henry Parada, esposo de la presidenta de Grupo Exclusiva, fue cuando el Ministerio Público presentó los recaudos llevando al juez a argumentar que se trataba de transferencias por 45 mil y 50 mil dólares, sin embargo, “las actuaciones consignadas evidencian que fueron presuntamente seis transferencias que además estaban justificadas como ‘pagos de honorarios profesionales’”.

“A lo largo del proceso la representación fiscal ha modificado cuatro veces su versión de los hechos, quitando, añadiendo y modificando los hechos”, insistió Triana quien añadió que “se han obviado alegatos fundamentales, incluso aceptados por la misma presunta víctima que llevan a concluir que no estamos en presencia de unos hechos que revistan carácter penal, como la existencia de relaciones comerciales entre ambos, al punto de ser socios en una empresa como Publigespro”.