Radiografía: Dos días de disturbios en Bogotá

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  1. ¿Reforma a la Policía?

 

Habrá ajustes. E incluso este jueves ya se rumoraba que el Gobierno prepara una comisión en esa dirección, con el fin de aplicar más protocolos de operación. Pero también se analiza un modelo de reacción más efectivo y eficiente para contener asonadas, según conoció EL NUEVO SIGLO.

 

Cubrimiento: Bogotá sumergida en el caos tras muerte de Javier Ordóñez

Tras el deplorable caso del abogado que murió luego de un confuso operativo policial en el que dos agentes trataron de inmovilizarlo con pistolas de descargas eléctricas, el pasado miércoles, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, había anunciado para la Policía “procesos internos que están en marcha para fortalecer la institución e introducir los cambios que se necesiten con el fin de tener una institución más fuerte y rodeada del respaldo y aprecio de los colombianos”.

 

Pero el debate ha ido más allá. Por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso presentar un proyecto de ley para la reestructuración interna que sería trabajado por Alcaldía, Defensoría y Procuraduría. este jueves, el representante por Bogotá, Inti Asprilla, de la Alianza Verde, planteó una reforma que permita tanto sancionar como prevenir casos de abuso de autoridad.

 

“La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso presentar un proyecto de ley para la reestructuración interna que sería trabajado por Alcaldía, Defensoría y Procuraduría”

 

Sin embargo, el analista y experto en seguridad Jairo Libreros consideró que el problema no tiene nada que ver con  la regulación de la Fuerza Pública, sino con el principio de proporcionalidad alrededor del uso que se les da a las armas de fuego y a las herramientas de uso no letales, que solo pueden usarse para inmovilizar a un ciudadano que perturba la convivencia y la seguridad.

 

Sobre este tema María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, le dijo a la BBC que “los civiles no cumplen con sus funciones de pensar las políticas del país, pero les echan la culpa a los militares y policías de que son corruptas y no saben para dónde van”.

 

De otra parte, la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, afirmó que “el vandalismo le conviene a los criminales, entonces no podemos generalizar e incentivar al vandalismo, sino por el contrario llamar a que se sancione a los dos responsables de la Policía y el resto que sigan siendo respetuosos de la Constitución y de la ley y sigan dando esa garantía de seguridad”.

 

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2 El papel de la alcaldesa

 

En medio de esta dura coyuntura, el papel de la alcaldesa López ha sido duramente cuestionado.

 

Por ejemplo, luego que la mandataria señalara que la Policía “rompió la confianza con la ciudadanía”, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), le pidió garantizar el orden público, lo que implica, dijo, “apoyar las víctimas y garantizar seguridad, evitar actos de odio y más CAI destruidos, fortalecer y mejorar la Policía. Si algún policía falló, será condenado. El Gobierno nacional sigue apoyándola. El enemigo es el vándalo, no la Policía”.

 

En defensa de la alcaldesa López salió el representante por Bogotá, Mauricio Toro, de la Alianza Verde, expresando que “para quienes preguntan qué está haciendo Claudia López, la respuesta es trabajando. Quienes dicen que ella es jefe de los policías: no sean ingenuos. Facultades de la alcaldesa son muy pocas. Solo un ejemplo: la alcaldesa no puede designar al comandante de la Policía Metropolitana”.

 

“En medio de esta dura coyuntura, el papel de la alcaldesa López ha sido duramente cuestionado”

 

Como López reiteró su “apoyo psicosocial y judicial para todas las personas que han reportado abuso de la Policía” y el ofrecimiento de “apoyo jurídico gratuito a todas las víctimas que lo requieran”, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, reclamó: “¿Alcaldesa, a los 147 policías heridos en las protestas de anoche también les va a dar asesoría para que demanden a los agresores o deben aguantar la violencia como parte del trabajo?”.

 

Por su parte, en la plenaria de la Cámara, el representante por Bogotá, José Uscátegui, también del Centro Democrático, pidió “que se garantice la presunción de inocencia de los uniformados implicados en la muerte de Javier Ordoñez, hasta que sean escuchados en juicio y tengan un proceso disciplinario”, anotando que “tenemos una alcaldesa (…) que lo que ha hecho es incitar al odio hacia la Policía Nacional y validar los actos de vandalismo que ocurrieron ayer, que costaron la vida de ciudadanos inocentes”.

 

  1. ¿Cómo reaccionó el Concejo?

 

Ahora, si bien hubo reacciones por parte de la mayoría de los concejales de Bogotá, quienes expresaron a través de sus redes sociales un rechazo generalizado frente a la desmesura de la Fuerza Pública, ¿cuál es el ambiente generalizado en el cabildo?

 

Reacción: “Destruir a Bogotá no arreglará la Policía”: Claudia López

EL NUEVO SIGLO consultó a tres concejales: uno de la oposición, otro gobiernista y un tercero independiente. Todos ellos coincidieron en dos cosas: la alcaldesa perdió el mando de la Policía y nuevamente dejó de asumir su responsabilidad, pues ella es la comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

 

“Ayer (jueves) la alcaldesa brilló por su ausencia. Si esto hubiera ocurrido en tiempos de Enrique Peñalosa, en donde hubieran muerto siete civiles, no me imagino que estaría haciendo Claudia López y los partidos que hoy la apoyan. Hay que lamentar y rechazar los abusos de la policía, pero una institución que tiene más de 150.000 efectivos no se puede estigmatizar por cuenta de lo que hagan algunos, y en ese sentido creo que se equivocó, pues echó un manto de duda sobre toda la institución”, expuso el concejal Andrés Forero, del Centro Democrático, quien dijo que hay que hacer reformas, “pero me parece un despropósito que se lave las manos. Ella es la jefe de Policía y es ella quien tiene que responder por lo que ocurra allí”.

 

“La alcaldesa perdió el mando de la Policía y nuevamente dejó de asumir su responsabilidad, pues ella es la comandante”

 

Para el concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo –quien dijo que esta es tal vez la noche más negra que ha vivido Bogotá en sus últimos años y que las cifras son dramáticas en la medida en la que estamos hablando de 148 personas que fueron baleadas–, la respuesta no fue la adecuada.

 

“Lo que vive Bogotá es una locura. ¿Y cómo reacciona la alcaldesa? Hizo como siempre un malabarismo: tratar de quedar bien con todo el mundo. Y algo con lo que estoy en desacuerdo, es que le dio demasiada importancia a los daños materiales, que son absolutamente insignificantes en comparación con la pérdida de vidas humanas. Lo que se intuye de esto es que la alcaldesa no tiene el mando sobre la Policía, se lavó las manos como siempre y le tiró la pelota al Gobierno nacional”.

 

Según Ana Teresa Bernal, de Colombia Humana, Bogotá está viviendo las consecuencias de una rabia generalizada frente a una situación de arbitrariedad “y la alcaldesa salió con una importante propuesta de reformar la Policía y al uso de las armas letales y no letales”. No obstante, Bernal consideró que “ella debe comenzar a ordenar y que se acate lo que ella diga”.

 

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  1. ¿Se perdió el control?

 

Frente a las últimas 24 horas, y en la misma medida frente a los últimos ocho meses de gestión, el excandidato a la Alcaldía del movimiento Bogotá para la Gente, Carlos Fernando Galán, dijo que la actuación de la alcaldesa fue acertada, pero no dejó de preguntarse “qué ha hecho este Gobierno en estos ocho meses para acabar el abuso policial. 137 casos este año. La alcaldesa es jefe de Policía”.

 

Galán, actual presidente del Concejo, hizo un llamado a rechazar todo tipo de violencia, venga de donde venga, aunque “no podemos equiparar la violación de derechos humanos por parte de un agente del Estado a unos daños materiales”.

 

Por su parte, el excandidato de Colombia Humana-UP-Mais, Hollman Morris, comenzó por establecer que López “ha perdido total control sobre la Policía de Bogotá”.

 

“Carlos Fernando Galán dijo que la actuación de la alcaldesa fue acertada, pero no dejó de preguntarse “qué ha hecho este Gobierno en estos ocho meses para acabar el abuso policial”

 

“Esta crisis se viene acumulando, estalla en las últimas horas y no hay sanciones. Por el contrario tiene toda la impunidad. La alcaldesa Claudia López estaba en mora de llamar al orden a la Policía de Bogotá y se le salió de las manos. La alcaldesa le mintió a Bogotá, porque ella dijo que iba a ser la comandante de Policía y no lo es, no lo ha sido y no lo fue. Le echó la culpa de todo al Gobierno y es una alcaldesa que cree dirigir a Bogotá con estos temas tan delicados como el de orden público, solo generando titulares de prensa. Se equivoca alcaldesa”, aseguró Morris en diálogo con este Diario.

 

  1. Sector privado llama a la calma

 

Los principales representantes del sector privado hicieron un llamado a respetar el comercio, pues no tiene sentido atacar a un sector que apenas comenzó a recuperarse y del cual dependen millones de empleos.

 

Por ejemplo, según el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, “la indignación sincera no se debe expresar a través de la violencia o su promoción. El vandalismo no es el camino de la transformación sino de la destrucción. Sería inaceptable que comercio, aún sin recuperarse de la pandemia, ahora tuviera que soportar vandalismo recurrente”.

 

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El director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, rechazó los actos vandálicos, indicando que no era justo que los manifestantes hubieran atacado infraestructura pública y privada que finalmente tendrán que pagar todos los contribuyentes.

 

“Estamos viviendo una de las situaciones más difíciles de la que tenemos conocimiento en la economía de la ciudad y del país. El covid-19, todos los cierres y actos como estos hacen que sea prácticamente imposible salir adelante. Debemos continuar trabajando de forma organizada, respetando los protocolos y evitando la violencia a como dé lugar”, precisó Orrego.

 

“Los principales representantes del sector privado hicieron un llamado a respetar el comercio, pues no tiene sentido atacar a un sector que apenas comenzó a recuperarse”

 

Juan Carlos Pinzón, presidente de Probogotá, sostuvo que “la muerte de una persona por exceso policial genera indignación y desconfianza, y obliga al castigo y respuestas institucionales”. No obstante, agregó, “la violencia criminal concertada exige mano firme y liderazgo de autoridades para proteger los derechos y judicializar a los autores materiales e intelectuales”.

 

“Si hay información de inteligencia que señale que ‘plantones’ de esta noche serán infiltrados por estructuras violentas con intención criminal, con respeto recomiendo a autoridades de la Alcaldía de Bogotá ordenar toque de queda en localidades que serán afectadas. No hacerlo facilita violencia”, recomendó Pinzón.

 

  1. Odio como telón de fondo

 

Un punto clave señalado por varios sectores políticos, particularmente por el uribismo, es que detrás de los desmanes hay un discurso de odio azuzado desde un sector de la izquierda.

 

Así, el expresidente Álvaro Uribe trinó: “Nobel anticipa la violencia; candidato la incendia; alcaldesa, siempre tan reclamante, se declara incapaz de garantizar el orden. La autoridad firme garantiza el orden, evita el vandalismo y la brutalidad de algún policía”.

 

 

La alusión al expresidente Juan Manuel Santos obedece a una entrevista publicada hace un par de días, en la que dijo que “las protestas que vimos a finales del año pasado están en el congelador, pero van a revivir y con más fuerza”.

 

En cuanto al senador Gustavo Petro, candidato presidencial de Colombia Humana, en la noche del miércoles manifestó en sus redes sociales que “han llevado a la ciudadanía bogotana casi a una situación insurreccional. Siempre los pueblos tienen el derecho de rebelarse ante las tiranías. Lo que tienen derecho es las tiranías de asesinar los pueblos”.

 

 

Por supuesto, semejantes declaraciones fueron rechazadas por el uribismo. Este juees en la plenaria del Senado, Carlos Felipe Mejía así como otros congresistas del Centro Democrático “le reclamamos a Petro por su intervención provocadora de caos y violencia, y por el uso incendiario de sus redes. ¿Con ese odio quiere ser presidente? Qué peligro”.

 

John Harold Suárez, senador de esa colectividad, apuntó que “nada justifica el caos que pretenden sembrar quienes incitan al odio y a la destrucción del país”, mientras que María del Rosario Guerra acusó a Petro de siempre buscar “la chispa para incendiar al país y disparar con la lengua y con las manos”.

 

En la Cámara, el representante por el Valle del Cauca, Milton Angulo, advirtió: “Cuidado con el oportunismo, con el discurso político que promueve la destrucción, la violencia y el odio. Seamos responsables. Estamos aquí para proteger a nuestro país, no para incitar la autodestrucción de nuestros ciudadanos y aniquilar la institucionalidad”.

 

  1. Debate político

 

Además de Petro, otros dos excandidatos presidenciales se pronunciaron en las últimas horas sobre esta situación.

 

Para Sergio Fajardo, “las últimas 48 horas desnudan -de nuevo- el vacío de liderazgo al que nos enfrentamos como país. 18 horas de silencio del presidente para tener unos minutos de obviedades. Presidente, conecte con el dolor y el malestar ciudadano, muestre un camino de esperanza”.

 

 

Este mismo jueves, había trinado que “la violencia solo produce violencia, pero los discursos vacíos del Gobierno y la falta de empatía también la alimentan. Hoy siete familias perdieron seres queridos en hechos evitables. Los policías necesitan formación para ser protectores del tejido social”.

 

Por su parte, Humberto de la Calle expresó que “además de barbarie, el vandalismo oscurece la violencia de la Policía. Se requiere una nueva doctrina policial. El Estado no puede descartar el uso de la fuerza. Pero en las redes estamos viendo policías llenos de odio. El presidente debe liderar un cambio de fondo”.

 

Tras poner de presente que “uno entiende que el conflicto obligó a militarizar la Policía. Todavía hay violencia organizada y se mezcla el narco. Puede que aún sea necesario. Pero debemos separar un cuerpo nuevo, por fuera de mindefensa, solo para seguridad ciudadana con una cultura de derechos”, De la Calle también argumentó que “un policía puede defenderse. Un policía puede sentir miedo. Pero lo que vemos en las redes es odio, agresión, exceso, vejámenes. ¿Quién les enseñó eso? Señor presidente: se agotó el cuento de los casos aislados. Use su liderazgo para crear una cultura de derechos en la Policía”.

 

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  1. Protestas y rol de la Fuerza Pública

 

De la manera como se ha agravado la situación se desprende el fracaso de los protocolos que intentó implementar la alcaldesa López al comienzo de su gestión, en los que el Esmad solo entraría a dispersar una movilización como último recurso. Es decir, solamente cuando los brotes de vandalismo que surjan no sean resueltos por una sanción social apoyada por manifestantes y madres gestoras de paz, ni por la intervención de los gestores de convivencia, o por la acción de policías de la fuerza disponible, que son los agentes de vigilancia que recorren todos los días la ciudad.

 

El intento de López obedecía a que el papel de la Fuerza Pública ha sido un factor de discusión, tal como ocurrió en el Congreso cuando se debatía el Código de Policía.

 

Según un documento del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Militares que realicen tareas en medio de manifestaciones sociales deben estar sujetos a las reglas de uso de la fuerza delimitadas por los principios de legalidad, necesidad, precaución y proporcionalidad.

 

“De la manera como se ha agravado la situación se desprende el fracaso de los protocolos que intentó implementar la alcaldesa López al comienzo de su gestión”

 

Para el caso colombiano, estas normas serían el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución, el Código de Policía y los reglamentos de la Policía Nacional para el uso de la fuerza.

 

Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley establecen que, éstos “no emplearán armas de fuego salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”.

 

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