El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió prorrogar por dos años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos con una votación más contundente que la del año pasado.
La Resolución abre la oportunidad de seguir avanzando en la búsqueda de la justicia en Venezuela ante las graves violaciones a los derechos humanos. Las víctimas que ya rindieron su testimonio podrán ampliar si así lo desean y nuevos testimonios pueden ser procesados por los integrantes de la Misión.
El 16 de septiembre la Misión de Determinación de Hechos presentó su informe en el cual realiza 65 recomendaciones. De ellas 61 son propuestas al Estado venezolano para investigar y sancionar a los responsables de las perpetraciones de cada una de las violaciones señaladas, así como recomendaciones para adoptar medidas inmediatas y el desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de la población y el cese de las violaciones a los derechos humanos.
Queda al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial adelantar las investigaciones y procesos correspondientes, con todas las garantías del debido proceso, contra las personas señaladas como presuntas responsables.
Al Poder Ejecutivo, en coordinación con otras instituciones del Estado, abstenerse de continuar la persecución por motivos políticos y adoptar medidas positivas en favor de la vigencia de los derechos humanos.
Al ser prorrogada también la cooperación técnica por parte de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas Michelle Bachelet, estarán vigentes dos mecanismos para llevar el pulso de la situación de derechos humanos, escuchar a las víctimas y avanzar en la identificación de responsables.
Los dos mecanismos se complementan y son a su vez fortalecidos por el permanente monitoreo y apoyo a las víctimas que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Como se dice en el lenguaje del fútbol la pelota está del lado de las instituciones venezolanas. Hasta ahora la respuesta ha sido de poca voluntad para considerar las recomendaciones. En caso de las realizadas por la Misión de Determinación de Hechos ya altos voceros del gobierno han rechazado. Además, han ratificado que de prorrogarse el mandato seguirán impidiendo el ingreso de los integrantes de dicha Misión obstaculizando su trabajo. Una condenable postura la cual no ayuda a quienes más han sufrido y claman por verdad y justicia.
Si la conducta del Estado venezolano es no implementar el conjunto de recomendaciones, muy posiblemente continuaran existiendo las ejecuciones de jóvenes en las zonas pobres, el uso de la fuerza excesiva ante manifestaciones públicas, la práctica de la tortura y las desapariciones forzadas. Es decir, seguirán quienes detentan de hecho el poder produciendo más sufrimiento.
La renovación por parte de Naciones Unidas de los dos mandatos a los mecanismos ya comentados, abren un camino a la búsqueda de la justicia y le da a las victimas mayor posibilidad de que no haya impunidad.
Todo lo que el sistema internacional de protección de derechos humanos realice a favor del pueblo venezolano, debemos aplaudir, colaborar y exigir de las autoridades la mayor colaboración para que cumplan sus mandatos.
Lo que está en juego es el bienestar de la población. A menos impunidad y más vigencia de los derechos humanos, mayor garantía de una existencia digna para todas y para todos.
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