La seguridad nacional ya no debería ser una defensa del proteccionismo por Inu Manak y Scott Lincicome

Mientras que el Presidente Donald Trump ya no está en la presidencia, su legado de política comercial sobrevive en Washington. La presencia continua de sus aranceles no solo ha sido una decepción para nuestros aliados quienes pensaron que un cambio de administración traería consigo una nueva visión del comercio que sea menos de suma cero, sino también una carga económica continua sobre el pueblo estadounidense, quienes todavía están luchando en medio de una pandemia global. De hecho, como señalamos aquí hace algunas semanas, los aranceles sobre el acero de Trump están amenazando la incipiente recuperación de las manufacturas en EE.UU.

Aunque Trump impuso y promovió los aranceles, la responsabilidad también recae sobre las leyes estadounidenses que le permitieron hacerlo. La más agresora en este aspecto es la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, la cual autoriza al presidente a tomar medidas, como la imposición de aranceles, en contra de las importaciones consideradas como una amenaza para la “seguridad nacional”. En 2017, la administración de Trump impuso aranceles de 25 por ciento sobre el acero y de 10 por ciento sobre el aluminio —en general sobre nuestros socios comerciales más cercanos. Los resultados fueron desastrosos —los precios más altos, la pérdida de empleos y el compadrazgo abundante.

Tristemente estos sobreviven hasta el día de hoy, continuando la magia negra que los aranceles usualmente hacen tan bien.

Dadas las múltiples consideraciones económicas y políticas, la administración de Biden comprensiblemente necesita más tiempo para evaluar las políticas de la administración anterior antes de decidir cambiarlas. Sin embargo, estos aranceles de “seguridad nacional” son un golpe obvio y notorio de los años de Trump que necesita ser corregido urgentemente.

Pero, ¿qué es tan malo acerca de utilizar la Sección 232? En su audiencia de confirmación para convertirse en la próxima Representante Comercial de EE.UU., Katherine Tai, en respuesta a una pregunta del Senador Ron Wyden (Demócrata de Oregon) acerca del papel de los aranceles en virtud de la Sección 232, dijo “los aranceles son una herramienta legítima dentro de una caja de herramientas comerciales”. Sin embargo, como explicamos en un estudio recientemente publicado, hubo poco de “legítimo” en el uso por parte de la administración de Trump de la Sección 232, la cual hizo mofa de la delegación del congreso de su poder “exclusivo y plenario” bajo el Artículo I, Sección 8 de la Constitución para regular el comercio con las naciones extranjeras. De cualquier modo, Trump abusó de los poderes comerciales que le fueron delegados para perjudicar a numerosas empresas estadounidenses y aliados de la nación, mientras que recompensó a sus compadres e inyectó una incertidumbre masiva en la economía de EE.UU. y del mundo.

Dicho esto, el Congreso merece algo de la culpa por la situación actual dado que la redacción de la ley hace que esta esté lista para ser explotada:

Primero, el estatuto carece de una definición objetiva de “seguridad nacional”, esencialmente permitiendo que cualquier cosa sea considerada como una amenaza. Esto permitió, por ejemplo, que la administración de Trump afirme —sin justificación— que las importaciones de automóviles constituyen una amenaza a la seguridad nacional.
Segundo, la ausencia de requisitos detallados de procedimiento para las consultas y exenciones públicas alentaron a la administración de Trump a saltarse pasos para aplicar la ley y recompensar a sus compadres en el proceso. También le permitió a la administración de Trump “modificar” sus acciones y aplicar aranceles adicionales incluso cuando parecía que su autoridad para hacerlo había expirado.
Tercero, el Presidente Trump se aprovechó de la ambigüedad de la ley para cubrir los hallazgos claves de la Sección 232 tanto del Congreso como del público. ¿Tiene curiosidad acerca de cómo los autos de México, Europa y Japón posiblemente amenazan nuestra seguridad nacional? Bueno, nosotros también y una mayoría del Congreso, pero puede que nunca lo sepamos porque el reporte del Departamento de Comercio justificando esta conclusión absurda nunca se ha publicado. Esto socava tanto la transparencia como la rendición de cuentas.

Una investigación reciente, acerca de los transformadores importados y de ciertas partes de acero eléctricas y orientadas hacia los granos, indica los problemas que la Sección 232 crea. La investigación empezó en mayo de 2020, y poco movimiento sobre el tema se reportó a lo largo del año. Entonces, en octubre de 2020, Inside U.S. Trade reportó que “El Departamento de Comercio ha entregado a la Casa Blanca su reporte sobre las implicaciones de seguridad nacional de importaciones de insumos claves para los transformadores eléctricos”, con fuentes diciendo que “ya ha sido enviado a la Casa Blanca”, pero que “La Casa Blanca no respondió a nuestro requisito de comentarios; el Departamento de Comercio se negó a comentarlo”. Ahora, la ley establece que cuando el Departamento de Comercio completa su investigación y envía su reporte al presidente, ese reporte (con las modificaciones) debe ser enviado al Federal Register. Hasta ahora, eso no ha pasado.

Entonces, el 2 de noviembre de 2020 (los días antes de la elección presidencial —¡ciertamente una coincidencia!, la empresa de minería basada en Ohio, Cleveland Cliffs, emitió un comunicado de prensa para “aplaudir” al Presidente Trump por sus acciones en torno a esta investigación. No hubo una declaración pública de parte del presidente o del Secretario de Comercio acerca de cualquier acción que se tomaría a estas alturas. De hecho, todavía no conocemos los detalles del caso. Pero una empresa que se beneficiaría del proteccionismo de Trump ha aplaudido sus acciones. Esto es disfunción política en pocas palabras.

El 5 de noviembre de 2020, la Oficina del Representación Comercial de EE.UU. emitió un comunicado de prensa diciendo que había consultado con México para establecer un régimen de monitoreo de las exportaciones de estos materiales. Mientras que el presidente tiene permiso de participar en negociaciones con otros países para resolver las amenazas de seguridad nacional en virtud de la Sección 232, tales negociaciones todavía deben ser anunciadas públicamente. Ningún anuncio así fue emitido. Para complicar todavía más las cosas, el Representante Comercial Lighthizer dijo en el comunicado de prensa que las consultas con México eran realizadas “en virtud de su Comunicado Conjunto el 17 de mayo de 2019”, el cual se refiere al acuerdo logrado bajo el Acuerdo EE.UU.-México-Canadá para retirar los aranceles de la Sección 232 sobre el acero y el aluminio, una investigación totalmente diferente. Cómo Lighthizer fue capaz de realizar negociaciones en virtud de una investigación totalmente diferente de la Sección 232 para discutir importaciones que ni siquiera estaban cubiertas por esa investigación debería haber encendido alarmas. ¿Fue abusada la autoridad de negociación bajo la Sección 232? Es imposible saberlo.

Nuestro estudio cubre varios otros ejemplos de cómo la administración de Trump abusó de la Sección 232. Considerando estos riesgos claros, argumentamos que el Presidente Biden debería distanciarse de esta política comercial fracasada y regresiva. En pocas palabras, la Sección 232 no es una herramienta “legítima” en la caja de herramientas de la política comercial estadounidense, y por lo tanto hay otras leyes que pueden ayudarnos a abordar de mejor manera las amenazas comerciales a la seguridad nacional.

Biden ha sugerido que desea mejorar nuestra relación con nuestros aliados —algo sencillo que que podría hacer es retirar todos los aranceles vigentes sobre el acero y el aluminio. Tai prometió mejorar la transparencia en el diseño de la política comercial y buscar una estrategia gubernamental distinta —un buen lugar para empezar sería presionar para liberar todos los reportes de la Sección 232 enviados al presidente por parte del Departamento de Comercio. Si la administración de Biden desea usar la Sección 232, nosotros por lo menos merecemos entender el razonamiento detrás de dichas acciones, y un registro histórico completo de su uso y abuso debe ser publicado.

Finalmente, el Congreso debería tomar pasos inmediatos para rectificar el daño infligido por las acciones perjudiciales de la administración de Trump respecto de la Sección 232 mediante la derogación de la ley o una profunda reforma de la misma. El Congreso le dio al presidente una autoridad expansiva bajo la Sección 232. Los años de Trump muestran por qué se la deberían retirar.

Por Inu Manak y Scott Lincicome