“Nos amedrentaron y amenazaron para que desalojásemos el edificio con oficinas operativas y trabajando””

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Luchadores sociales de diferentes parroquias de Caracas junto a propietarios de inmuebles invadidos, protestaron en las puertas del Ministerio Público, exigiéndole a este organismo que deje de ser cómplice de la impunidad existente en los casos de invasión a la propiedad privada donde las víctimas denuncian este delito y los delincuentes nunca son imputados, asimismo denunciaron que detrás de las tomas ilegales están los llamados colectivos armados y hasta efectivos policiales como el FAES, quienes ejecutan estos crímenes amparados en su militancia en el PSUV o por una “chapa” se sienten por encima de la ley.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, afirmó que el delito de invasión en Venezuela tiene total impunidad, en el que los cuerpos de seguridad del Estado y el mismo Ministerio Público, no imputa a los invasores quienes quedan con cancha abierta para seguir cometiendo estos crímenes. “No hemos visto a ninguna persona presa, detenida o imputada penalmente por las más de 45 invasiones ocurridas tan solo en lo que va del 2021, a pesar de las constantes denuncias realizadas por propietarios, vecinos y afectados ante los entes competentes”, dijo.

Rojas recalcó que los colectivos armados son los principales ejecutores de invasiones en Caracas, usando como protección su militancia en el PSUV para hacer de las suyas, tomando por asalto propiedades sin ningún tipo de limitante, asimismo cuentan con apoyo del FAES, Policía de Caracas, y otros cuerpos de seguridad del Estado. “En muchos casos también son respaldados por autoridades gubernamentales en cargos de diputados, concejales y hasta la propia alcaldesa de Libertador, Erika Farías, donde ellos autorizan a los colectivos para hacer de las suyas y luego hacerse de oídos sordos ante las protestas de los propietarios”, recalcó.

El luchador social exigió durante la manifestación que el Ministerio Público deje de hacer silencio cómplice e impute a las personas involucradas en esta oleada de invasiones, además cite a las víctimas para que rindan sus testimonio y cese la paralización de las decenas de denuncias engavetadas, referidas a violaciones a la propiedad privada. “Ejemplos de esos centenares de casos son el edificio Padrón y Bapgel donde sus dueños denunciaron en la fiscalía y luego de más de un año no les han dado respuesta. Una total impunidad sobre la violación a nuestro derecho humano a la propiedad privada”, destacó,

 

Totalmente desprotegidas las victimas de invasiones

Por su parte, Lily Pérez, copropietaria del edificio Cori de la Avenida Fuerzas Armadas, relató cómo por defender su propiedad de los invasores, éstos la agredieron en la puerta de su edificación, lanzándola al piso sin importarle que ella es una persona de la tercera edad. “En primera instancia fui golpeada por una mujer miembro del colectivo Cupaz, y semanas después uno de los mismo invasores, cuando quería entrar por la fuerza a mi inmueble, me empujo lanzándome contra la pared dejándome lesiones graves en cuello y espalda. Hasta el momento las autoridades, incluyendo las fiscalía, hacen silencio cómplice”.

Además, Alfredo Oliveira, propietario de uno de los cuatro restaurantes que se encuentran en planta baja del edificio de oficinas Bapgel, contó cómo colectivos invasores violentaron las puertas de oficinas comerciales y desalojaron a todos los propietarios e inquilinos del inmueble apoderándose del mismo. “Nos amedrentaron y amenazaron para que desalojásemos el edificio donde habían oficinas que estaban todas operativas y trabajando”.

“A un año de la denuncia que hicimos en fiscalía y que después llevamos al CICPC, el gobierno no ha adelantado ninguna investigación. Mi socio y yo perdimos 19 años de trabajo pero yo aún creo en la justicia venezolana”, acotó Oliveira.

Enrique Grugisic, otro afectado de invasiones que colectivos hicieran el día seis (06) de Mayo del 2020, al edificio Padrón, ubicado en la calle internacional de la Parroquia San Pedro, también se hizo eco de la solicitud ante el Ministerio Público, en busca de lograr justicia para él, sus socios de la empresa y a los demás afectados de dicha propiedad.

“Nunca más pudimos recuperar nuestros bienes”, comentaba con amargura el empresario, “Es una injusticia que a gente trabajadora que ha dedicado su vida en pro del desarrollo de este país se le quiten todos sus bienes, eso es un crimen. Las invasiones son un peligro. Fuimos a la Defensoría del Pueblo, acudimos al Ministerio Público y a la Fiscalía General de la República, pero las autoridades nunca quisieron encarar el caso, hasta hoy en día no ha habido actuación alguna.

Ministerio Público

D: Tarek William Saab

Su oficina en Caracas. –      

Yo, Carlos Julio Rojas, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número. Nº V-17.385.752,  actuando en mi carácter de coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas y de la Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria acompañado de víctimas de violaciones a la propiedad privada en Venezuela por parte de la gestión Nicolás Maduro y por grupos irregulares violentos amparados por el propio Estado, pedimos al Ministerio Publico , investigar a profundidad y establecer las debidas responsabilidades que de allí deriven, por la reiterada y sistemática violación en Venezuela de uno de los principales derechos fundamentales de carácter universal, como es el derecho de propiedad.

A tal fin le informo lo siguiente:

Durante el año 2020 la ciudad capital, Caracas, fue víctima de cincuenta y tres (53)  invasiones, donde colectivos armados con apoyo de la alcaldesa Erika Farías e incluso diputados a la cuestionada Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre del año recién concluido, tomaron por asalto decenas de inmuebles. De ellos, el cincuenta y seis (56%) de las edificaciones invadidas son de origen comercial e industrial.

Tenemos pruebas, que serán consignadas cuando su organismo así lo solicite, de cómo la Alcaldía del Municipio Libertador de esta ciudad, encabezada por su Alcaldesa, Erika Farías, respalda a grupos irregulares violentos y armados (colectivos), dándoles la autorización de invadir y en muchos casos declarar la utilidad pública de los edificios sin cumplir con los extremos de ley de todo proceso expropietario y menos aún otorgando la contraprestación dineraria que de dicho proceso se genera, so pena de configurarse la figura de la confiscación como en los hechos ocurre desde algunos años en el país. Ejemplos hay muchos pero de ellos destacan el caso del edificio Padrón en la parroquia San Pedro donde invasores identificados con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido de gobierno,  tomaron a la fuerza dicho inmueble y luego la propia Sindico Procuradora Municipal, Cristina Fazzini, le dijo a los legítimos propietarios que debían salir del inmueble en treinta (30) días. Caso similar ocurrió en la Mansión Forever, en la urbanización La Florida Norte de la parroquia El Recreo,  donde dichos grupos invadieron el inmueble y argumentando usarla como centro de atención del Covid-19, y aún permanecen en él. Incluso diputados electos a la Asamblea Nacional electa a finales del 2020 como Iris Varela, llaman a incautar bienes de venezolanos en el exterior, o  incluso lideran  invasiones protegiéndose bajo su investidura de legisladores y de también militantes del PSUV.

En lo que va de este año 2021 van más 45 edificaciones que han intentado ser tomadas por colectivos sólo en Caracas

Ejemplo claro de esto es el parlamentario de dicha Asamblea por del norte de Caracas, Rigel Sergent, quien fue captado en video derribando la puerta de un apartamento para invadirlo en el edificio Cori de la parroquia San José, todo bajo la mirada cómplice de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana. También observamos al hijo de la diputada Carmen Zerpa como líder de colectivos Cupaz en la parroquia Altagracia liderando la toma ilegal del edificio Don Joaquín o el Hotel Canaima. Ellos ven la violación a la propiedad privada como un negocio con motivaciones políticas y económicas.

También es importante destacar el caso del edificio Bapgel ubicado en la esquina del Conde donde colectivos junto a funcionarios del FAES invadieron esta edificación incluidos los locales comerciales, los propietarios denunciaron en el Ministerio Publico pero luego de casi 2 años no han tenido respuesta.

Reiteramos que estos casos recientes son apenas una pequeña muestra de cómo la gestión de Nicolás Maduro pisotea día a día el derecho a la propiedad. Acciones como el censo de vivienda ejecutado por invasores, la ilegal ley de arrendamientos, o expropiaciones masivas, así lo demuestran con claridad. Tal es el caso muy sonado del Centro Comercial Sambil La Candelaria en 2008, donde jamás se respetó el proceso expropiatorio requerido y la debida indemnización a sus dueños, algo que se ha repetido en el resto de casos. Estos son ejemplos claros que la violación a la propiedad privada es política de estado para el gobierno de Nicolás Maduro por la carencia de un “discurso” convincente para el venezolano, como las encuestas claramente lo señalan. Solamente les queda la fuerza, que la ejercen ilegalmente con la estructura que le proporciona el Estado y el accionar de grupos irregulares afectos a ellos que se ven beneficiados, a manera de “pago por servicios prestados”, mediante las continuas, permanentes y permitidas invasiones.

Suficientemente es sabido, que el Derecho de Propiedad y otros derechos fundamentales tan importantes como éste, fueron plasmados en declaraciones vitales en el desarrollo de la humanidad. Partiendo de la declaración de Virginia (USA/ 1776) y muy específicamente de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de octubre de 1789, ocurrida la Revolución Francesa, quedaron claros los derechos civiles y políticos mínimos necesarios para el respeto de los derechos humanos en cualquier país, se sentaron las bases de la civilidad. Estas declaraciones no vinculantes fueron tomando cuerpo en posteriores tratados y Acuerdos internacionales e, inclusive como en el caso venezolano, expresión explícita constitucional.

Lo importante a resaltar aquí es la manera sistemática como los ciudadanos venezolanos vemos a un Gobierno déspota estrangular derechos civiles y políticos, suscritos y refrendados por el Estado venezolano a nivel internacional, y contenidos como norma interna a nivel constitucional, sin la menor posibilidad de que se aplique la ley y que al menos una vez se imponga la justicia ante la arbitrariedad y el poder. En pocas palabras, poco a poco grupos irregulares armados viene acabando con derechos fundamentales que son los que hacen posible la vida en sociedad y diferencian la barbarie de la civilización. En eso estamos. Esa es nuestra lucha desigual. Por ello, y así lo entendemos, es exigible el respeto a tales derechos, entre ellos el derecho a la propiedad, ante un Estado que cubre todos los extremos para ser considerado como Estado fallido por la inseguridad jurídica reinante y por su propia incapacidad de aplicar y respetar el contenido constitucional que es el pacto social entre los venezolanos.

Como simple referencia y mejor ilustración de lo que por este escrito respetuosamente mencionamos los distintos fundamentos jurídicos que respaldan esta solicitud.

  1. Declaración Universal de los Derechos Humanos  (1948), en particular lo dispuesto en su artículo 17;
  2. Convención Americana sobre Derechos Humanos (pacto de san josé) (1969), en particular lo dispuesto en su artículo 21.
  3. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en particular lo dispuesto en su artículo 115.
  4. Código Civil de Venezuela (1982), en particular lo dispuesto en su artículo 545.
  5. Código Penal de Venezuela, específicamente en el artículo 471-A,

Ante esta realidad solicitamos

  1. Que se aperture y realice una exhaustiva investigación por la violación sistemática de la propiedad privada en Venezuela por parte representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y grupos irregulares, estableciendo las responsabilidades penales que de allí se deriven.
  2. Que se entrevisten a las víctimas de invasión de inmuebles, cuyos nombres y demás datos le serán entregados a ese Organismo cuando así lo solicite.

3          Que interceda ante el Poder Ejecutivo a nivel nacional, regional y municipal para que les seas restituido y respetado el derecho a la propiedad a las víctimas, destacando las masivas invasiones y expropiaciones ilegales ocurridas en el país durante los últimos 15 años.

  1. Exigimos se deje de lado la impunidad, imputando por el delito de invasión a las personas que comentan tan grave crimen, el cual tiene penas de cárcel entre 5 a 10 años de prisión

En Caracas, a los siente (7) días del mes de mayo de 2021.

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Carlos Julio Rojas

Coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas y de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria

C.I Nro. 17.385.752

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