Inversión, inmigración legal y control: claves de la Declaración de la Cumbre de las Américas

El documento señala que para abordar la crisis migratoria sin precedentes en la región requiere reconsiderar el financiamiento multilateral para el desarrollo, así como el manejo de las “tensiones en nuestras economías”.

Recomienda mayor asistencia para el desarrollo de los países pobres y de bajos ingresos, así como la necesidad de estabilización y apoyo “a los países que albergan a más de seis millones de refugiados y migrantes”.

La declaración cita los programas emprendidos por Belice y Colombia para atender a migrantes.

El primero implementará en agosto de este año un programa para regularizar a los migrantes centroamericanos y de CARICOM que han estado viviendo ilegalmente en el país por un tiempo determinado.

A su vez, el gobierno de Bogotá implementó un programa para atender a migrantes y refugiadas venezolanas “con políticas progresistas basadas en la solidaridad, la ayuda humanitaria y la protección”.

Explica el documento que, al 10 de junio, Colombia ha otorgado documentos de regularización a más de 1.2 millones de personas, quienes tienen permitido trabajar legalmente, acceder a servicios públicos y privados, integrarse exitosamente y contribuir a la economía y la sociedad de ese país sudamericano.

Para finales de agosto Colombia otorgará permisos de regularización a 1.5 millones de migrantes y refugiados venezolanos en total.

Además, Costa Rica se compromete a planificar la renovación del régimen especial de categoría de protección temporal complementaria para migrantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba que hayan llegado antes de marzo de 2020.

Por su parte, Ecuador emitió un decreto ejecutivo que crea un camino hacia un estatus migratorio regular para los venezolanos que ingresaron al país regularmente a través de un puerto de entrada oficial, pero que actualmente no tienen estatus.

En el caso de Estados Unidos, el gobierno dijo que proporcionará apoyo adicional para un mecanismo de respuesta a crisis sobre migración.

“Trabajando con el Congreso, proporcionaremos $25 millones adicionales a la Facilidad de Financiamiento Concesional Global (GCFF) alojada en el Banco Mundial para dar prioridad a países de América Latina como Ecuador y Costa Rica en sus programas de regularización recientemente anunciados para poblaciones de migrantes y refugiados desplazados que residen dentro de sus respectivos países”, se lee en la Declaración.

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Los fondos que destinará Estados Unidos apoyarán los procesos de registro, la extensión de los servicios sociales y programas de integración que, a su vez, beneficiarán a las comunidades de acogida.

Estados Unidos también anunciará $314 millones en nuevos fondos de PRM (Población, Refugiados y Migración) y USAID para esfuerzos de estabilización en las Américas.

La Declaración señala además que se expandirán vías legales para una inmigración regular en las Américas. “El objetivo es cambiar la forma en que las personas migran”, puntualiza.

Agrega que “los países de la región han vinculado estratégicamente los programas prioritarios de vías legales con las principales razones para migrar: (1) empleos; (2) protección; y (3) reunificación familiar.

Ponen como ejemplo el programa implementado por Canadá, que está dando la bienvenida a un número récord de refugiados.

Además, Canadá aumentará el reasentamiento de refugiados de las Américas y tiene como objetivo recibir hasta 4,000 personas para 2028, brindando soluciones duraderas a una cantidad de refugiados en la región.

También buscará promover sus vías regulares en la región para ayudar a brindar oportunidades, incluso a quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Por ejemplo, Canadá avanzará en los esfuerzos de promoción y reclutamiento relacionados con su Programa de Inmigración Francófona que puede ofrecer oportunidades a los recién llegados de habla francesa, como los haitianos con habilidades y experiencia, algunos de los cuales pueden haber sido desplazados debido a la pandemia.

La Declaración cita que Canadá está abordando las causas profundas e invirtiendo $26.9 millones en 2022-2023 en financiamiento adicional para el desarrollo de capacidades relacionadas con la migración y la protección en las Américas.

Este financiamiento está respaldando proyectos en América Latina y el Caribe enfocados en apoyar la integración socioeconómica y laboral de refugiados y migrantes; mejorar los sistemas de gestión de fronteras y migración; contribuir a la salvaguardia de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y de las comunidades de acogida; promover la igualdad de género y el crecimiento económico inclusivo; y prevención y lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas.

Canadá, además, espera dar la bienvenida a más de 50,000 trabajadores agrícolas de México, Guatemala y el Caribe en 2022.

También, Canadá es un fuerte partidario de la movilidad laboral y continúa promoviendo activamente vías regulares para la migración, incluidos programas de trabajadores extranjeros temporales que responden a las necesidades laborales de los empleadores, para abordar nuestras brechas en el mercado laboral y como alternativas a la migración irregular.

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Guatemala, por su parte, aprobó una nueva legislación para promover programas de migración laboral legal.

El 1 de junio el Congreso votó una nueva legislación para incentivar la contratación equitativa y ampliar las vías legales para sus ciudadanos. La legislación exime a los boletos aéreos del impuesto al valor agregado y de salida para aquellos que viajen por contratos de trabajo temporal en el extranjero obtenidos a través del Ministerio de Trabajo.

La nueva iniciativa es parte de un conjunto más amplio de programas y políticas guatemaltecas para ampliar el acceso a los programas de migración laboral, garantizar la contratación ética y promover la protección legal de los trabajadores guatemaltecos.

A su vez, México ampliará el programa Tarjeta de Trabajador Fronterizo existente para incluir de 10,000 a 20,000 beneficiarios adicionales. Este programa permite una mayor movilidad laboral para satisfacer las necesidades de los empleadores en México, promover el desarrollo económico en Centroamérica y brindar una alternativa a la migración irregular.

México, además, lanzará un nuevo programa de trabajo temporal que brinda oportunidades de trabajo en México para 15,000 a 20,000 trabajadores de Guatemala por año. El Gobierno de México tiene como objetivo ampliar la elegibilidad para ese programa para incluir a Honduras y El Salvador en el mediano plazo.

También, el gobierno mexicano integrará a 20,000 refugiados reconocidos al mercado laboral mexicano durante los próximos tres años. Con el apoyo de ACNUR, el programa conectaría a personas con estatus legal como refugiados reconocidos en México con oportunidades laborales en regiones con escasez de mano de obra. Una iniciativa conjunta con ACNUR, el sector privado y el gobierno mexicano, tanto los refugiados como las empresas se beneficiarán de una integración exitosa en el mercado laboral formal de México.

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El documento señala además que Estados Unidos lanzará el desarrollo de un programa piloto del Departamento de Agricultura (USDA) de $ 65 millones para apoyar a los agricultores estadounidenses que contratan trabajadores agrícolas bajo el programade visas H-2A.

El plan promoverá la resiliencia la cadena de suministro agrícola y de alimentos y tres prioridades principales de la Administración: (1) impulsar la recuperación económica de Estados Unidos al abordar la escasez actual de mano de obra en la agricultura; (2) reducir la migración irregular a través de la expansión de vías legales; y (3) mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas estadounidenses y migrantes.

El Departamento de Agricultura, además, entrará en un acuerdo de cooperación con United Farm Workers of America (UFW), que trabajará con las partes interesadas relevantes, incluidos agricultores, trabajadores agrícolas, defensores de los trabajadores agrícolas y sindicatos, para garantizar que la agencia se beneficie de una amplia gama de puntos de vista en el diseño de este programa.

El gobierno, además, proporcionará 11,500 visas H-2B para trabajadores temporales no agrícolas para ciudadanos del norte de América Central y Haití. Con ello, espera reducir la inmigración ilegal.

Simultáneamente, EEUU se compromete a lanzar una Guía de Prácticas Justas de Reclutamiento para Trabajadores Migrantes Temporales con la cooperación de los principales empleadores, incluido Walmart.

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Más de 5 millones de venezolanos han sido desplazados en las Américas, y cientos de miles de personas más de otros países de América Latina y el Caribe también están desplazadas [a través de las fronteras].

A medida que Estados Unidos amplía sus operaciones de reasentamiento en las Américas, hacemos un llamado a otros gobiernos para que hagan lo mismo.

Estados Unidos también señaló que, como reflejo del compromiso del presidente Biden de apoyar al pueblo de Haití, se compromete a recibir un mayor número de referencias al Programa de Admisión de Refugiados para haitianos.

Pero alienta a otros gobiernos a unirse a nosotros para fortalecer las vías legales de protección y oportunidad para los haitianos y otras poblaciones desplazadas en las Américas.

También indicó que reanudará y aumentará la participación en el Programa de libertad condicional para la reunificación familiar haitiana.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciará la reanudación del Programa de libertad condicional para la reunificación familiar haitiana, que permite a ciertos ciudadanos estadounidenses elegibles y residentes permanentes legales solicitar la libertad condicional para sus familiares en Haití.

A su vez, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) tomará medidas para aumentar la participación en el programa al reducir las barreras de acceso.

La Declaración también indica que Estados Unidos reanudará el Programa de Libertad Condicional para la Reunificación Familiar Cubana (CFRP).

El programa proporciona un camino seguro y ordenado a Estados Unidos para ciertos beneficiarios cubanos de peticiones de inmigrantes familiares aprobadas.

El DHS reanudará el procesamiento de casos este verano, trabajará con el Departamento de Estado para comenzar las entrevistas en Cuba a principios del otoño y desarrollará la capacidad para considerar y procesar a los solicitantes aprobados, contribuyendo así a los objetivos del acuerdo de migración durante los próximos dos años.

La Declaración explica que España duplicará el número de vías laborales para que los hondureños participen en los programas de migración circular de España.

Los países firmantes de la Declaración indicaron que asegurar las fronteras con políticas y prácticas de gestión de fronteras humanitarias “es esencial para reducir la migración irregular y gestionar la migración en colaboración en todo el hemisferio”.

Anotaron que el enfoque en el futuro debe estar en: 1) la aplicación humanitaria de fronteras; 2) retorno de migrantes que carecen de necesidades de protección u otra base legal para permanecer; 3) facilitar los retornos a los países de residencia u origen más reciente; 4) apoyo a los retornos voluntarios asistidos; y 5) fortalecer el intercambio de información y la cooperación bilateral y regional de aplicación de la ley para combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas.

Estados Unidos anunciará una “Operación encubierta” multilateral para interrumpir las redes de contrabando de personas en todo el hemisferio, liderada por el DHS.

Hasta ahora se han invertido más de $50 millones para apoyar estas actividades. Y hasta fines de mayo, los esfuerzos han producido aproximadamente 20,000 acciones de interrupción total que incluyen arrestos y enjuiciamientos, incautaciones de propiedades tal como casas y vehículos utilizados para esconder y contrabandear personas e investigaciones criminales.