El movimiento REDES, en función al nuevo escenario electoral, víspera a las elecciones regionales del 21 de noviembre, propone un documento de debate político ante la opinión pública.
El dirigente político y fundador de REDES, Juan Barreto, sobre la base de esta realidad, afirmó que: “La verdadera unidad es la del pueblo y sus luchas, las alianzas electorales pueden contribuir con los fines democráticos del país”.
Asimismo, en el contenido del comunicado de prensa, se puede recoger que el movimiento REDES, fija posición ante la coyuntura política del país y las venideras elecciones del próximo 21 de noviembre.
Aspectos y consideraciones para un programa de unidad del pueblo
Presentamos aquí la propuesta completa del movimiento político REDES en torno a las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre.
La verdadera unidad es la unidad del pueblo fraguada en sus luchas que van teniendo sólidas relaciones de apoyo mutuo, experiencias compartidas y solidaridad.
Este proceso de construcción unitaria del pueblo se ve auxiliado y fortalecido por distintas alianzas coyunturales de distinto carácter que pueden ir levantando puentes de encuentro y paralelamente participar en una plataforma de alianza táctico electoral, basada en acuerdos básicos, que puede ser un importante paso en la dirección de ir tejiendo las redes y articulaciones que faciliten escenarios de construcción de un programa común de identidad y unidad del pueblo para el logro de una democracia participativa de avanzada social con justicia, inclusión e independencia nacional.
En tal sentido, y para la consideración y debate de las distintas fuerzas que hoy expresan su voluntad política de construir una plataforma común de encuentro y acuerdos, proponemos algunas ideas para el debate fecundo que lleve a la repolitización de la sociedad venezolana, a la vez que nos permita afinar criterios a la hora de definir perfiles, candidaturas y compromisos, recogidos en 11 puntos básicos que no descartan la incorporación de nuevos elementos:
1- Esta plataforma unitaria y sus candidatos se deben comprometer a luchar por la defensa de la vida, hoy en peligro por una pandemia que se lleva la vida de miles dejando una dolorosa secuela de enfermedad y miseria. Debemos exigir un cronograma transparente de vacunación sin palancas ni privilegios que cubra y proteja a toda la población, esto debe ser una prioridad por encima de cualquier acuerdo o pretensión electoral. En este sentido: Comprometernos a afrontar de manera inmediata y decidida la protección de la vida y la salud de nuestro pueblo por todos los medios en el presente contexto de la pandemia, como un derecho social fundamental, obligación del Estado, que tiene que garantizarlo como parte del derecho a la vida.
2- En nuestro país no hay ni calidad de vida ni bienestar colectivo ni acceso a los servicios. En materia de derecho a la ciudadanía social, los trabajadores y trabajadoras no cuentan hoy con un salario suficiente que les permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. El salario mínimo de nuestro país es el más bajo del mundo y no alcanza a cubrir las más elementales necesidades alimentarias del pueblo trabajador. Nuestros desvelos deben ir orientados en el sentido de superar esta infamia. Poner a la gente en el centro de una propuesta de cambio implica afrontar de manera urgente e inmediata un programa de emergencia económica del país en concordancia con los artículos 299 y 91 de la CRBV. El Programa Económico de La Gente, significa revisar el papel de la Asamblea Nacional y la Contraloría en relación con propuestas en marcha como las ZEE, inversiones extranjeras, sector petrolero y La Ley Anti Bloqueo. Se requiere ajustarse plenamente a la CRBV. Hay que defender por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el papel del Estado en el manejo de la industria petrolera de acuerdo a la Constitución y la Ley. Medidas económicas extraordinarias, desregulaciones, opacidades y liberalización de la economía no deben significar más deterioro del salario, la moneda y la calidad de vida de los venezolanos. Ocupar cualquier espacio de poder debe ser un compromiso públicamente asumido en el sentido de promover y acompañar al pueblo desde esos espacios en su lucha por el derecho a una vida digna, un salario justo, la recuperación de nuestra moneda nacional, el bolívar y el freno a la inflación y la especulación. Proponemos se estudie una Ley de Indexación Salarial y Reconversión Monetaria para equiparar el bolívar al dólar y recuperar el valor del salario. El desarrollo integral de la nación pasa necesariamente por el desarrollo humano y por una clara concepción que no ponga en riesgo ni los bienes comunes ni los bienes ambientales, pues estamos comprometidos con un desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable, en el que el uso de los recursos por parte de las presentes generaciones no comprometa el patrimonio de las futuras generaciones.
3- Compromiso de lucha intransigente por la restitución y plena vigencia de la CRBV-1999. Esto es: Defensa indeclinable e intransigente de La Soberanía, La Independencia Nacional, La Autodeterminación Nacional, La Inmunidad Jurídico Territorial que debe ser defendida ante cualquier intento de injerencia, intervención extranjera o de manipulación jurídico política para entregar la jurisdicción soberana de nuestro ámbito legal y territorial, o cualquier injerencia que pretenda flexibilizar o entregar estos principios.
4- Nada de esto tiene sentido si en el mismo movimiento no defendemos y garantizamos los DD.HH., la vida digna, la construcción de una sociedad justa y el pluralismo político, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, los derechos de los pueblos originarios, las comunidades LGBTIQ, los derechos ambientales, la libertad de expresión y asociación, las distintas formas de propiedad y sus garantías (además exigimos la depuración inmediata de los cuerpos policiales, libertad para los trabajadores detenidos y todos los presos políticos, depuración e independencia del Poder Judicial).
5- Sólo desde una fuerte declaración de principios y valores indeclinables podremos impulsar el reencuentro, la reconciliación y la convivencia democrática pacífica como método para la solución civilizada de las controversias, conflictos y contradicciones sociales, en el marco de La CRBV y las leyes, con base en los artículos 2 y 132 de la Constitución.
6- Ratificar (Art. 5) que La Soberanía reside en el Poder Constituyente del Pueblo y que se deben estimular todas las formas posibles del ejercicio directo, protagónico, participativo y de responsabilidad de la ciudadanía democrática y social en todos los ámbitos de la vida y del funcionamiento de los órganos del Poder Público. Esto implica el compromiso irrenunciable de crear los mecanismos de contraloría social y anticorrupción para el ejercicio transparente, eficiente y honesto de la función pública y el “mandar obedeciendo al pueblo”. Para esto el presupuesto participativo con control directo de la ciudadanía por medio de las distintas formas de contraloría social e institucional. Todos los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Esto implica poner al servicio directo de la gente el seguimiento y control de la cosa pública (Art. 5, 62, 70, 71 de la Constitución) y de los bienes comunes.
7- Asimismo, estos principios se extienden al ámbito de la inalienable libertad individual y colectiva que debe garantizarse desde cualquier órgano de Poder Público para que exista auténtica ciudadanía democrática, así como la universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los DD.HH.
8- La aguda crisis de los servicios públicos profundiza LAS CALAMIDADES DEL PUEBLO, haciendo de la vida cotidiana un calvario, las carencias más sentidas son de agua potable, energía eléctrica, combustible, gas doméstico, aseo urbano y transporte público. Proponemos: la reprofesionalización de la gerencia de los servicios y su despartidizacion. Se requiere un acuerdo nacional para declarar la emergencia de los servicios públicos de nuestro país.
9- Somos partidarios del diálogo pero su carácter debe ser social. No el de cúpulas y élites que sustituyan al pueblo pretendiendo representarlo. El diálogo debe ser con los obreros, campesinos, empresarios, mujeres, pobladores, indígenas, estudiantes. Para que estos presenten sus demandas y argumentos. El papel de las organizaciones políticas debe ser acompañar y estimular a los actores sociales reales para que se instaure la cultura del diálogo y la negociación. La democracia directa e indirecta debe ser complementaria para un ejercicio cotidiano que se impulse desde cada institución pública, fortaleciendo la cultura política profundamente democrática sin la cual puede degradarse la institucionalidad y abrir ventanas de oportunidad para deficiencias y transiciones autoritarias.
10- Ratificamos el camino democrático, pacífico y electoral y seguiremos luchando para garantizar condiciones transparentes y sin ventajismo político para elecciones libres, justas, universales, directas y secretas, con representación proporcional. El pluralismo y la participación de dirigentes reales del pueblo debe ser nuestra brújula, acercando el hecho político-institucional a la participación y deliberación de una ciudadanía comprometida con una democracia cuyos resultados respondan a las aspiraciones, exigencias y demandas de las mayorías nacionales por el logro de la prosperidad y el bienestar colectivo con justicia social. Compartimos la necesidad de darle credibilidad y transparencia al sistema electoral y sus organismos, hoy cuestionado y en duda para buena parte de la ciudadanía, se hace necesario del acompañamiento y seguimiento sin intención ni chantaje, por parte de las organizaciones sociales, políticas y culturales, de distintas partes del mundo, que puedan actuar, a favor de la tan deseada transparencia de los comicios y sus resultados, asimismo creemos en la necesidad de la veeduría internacional, para apuntalar la confianza buscada. Se trata del fortalecimiento institucional, del organismo electoral, y de la legitimidad que otorga la confianza pública.
11- Diálogo, unidad, acuerdo nacional son palabras, conceptos que deben ser llenados de contenido y de pueblo y no quedarse en buenas intenciones o en retórica discursiva de elites políticas. Sólo la acción decidida de organización y lucha puede conducirnos al éxito. De este modo será posible encontrarnos en un Proyecto Nacional de Desarrollo Integral de la Nación, cuyos pilares sean la independencia nacional, una democracia de avanzada, la justicia y la inclusión social, la lucha por el bien común y la indeclinable defensa de los derechos humanos. Lo electoral es un importante terreno, un escenario, una forma de lucha para el encuentro fecundo y la edificación de un destino de paz, prosperidad y felicidad para toda Venezuela, juntos lo vamos a lograr.
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